Banca, empresas, entes gubernamentales y lo digital, todo este conglomerado de elementos se unieron este lunes en México, fecha en la que se puso en funcionamiento la controvertida Ley de Tecnología Financiera o “Ley FinTech”, que tiene por objeto reglamentar los servicios que prestan las entidades bancarias a través de medios tecnológicos.

Aunque ya era un tema agendado y ya conocido, el nuevo estamento legal entró hoy en vigor al ser publicadas sus disposiciones secundarias en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Se publican “disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 58 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera”, señaló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el DOF de acuerdo a una nota de la agencia EFE.

El documento, que está conformado por 145 artículos divididos en siete títulos, tiene por objetivo regular los servicios financieros que prestan las instituciones de tecnología financiera, así como su organización, operación y funcionamiento, particularmente de las del sector privado.

El articulado establece todo un conjunto de normas que buscan ofrecer mayor certeza jurídica a usuarios de servicios financieros a través de plataformas digitales y sentar las bases para la adecuada competencia entre estas nuevas empresas tecnológicas y las instituciones bancarias y financieras tradicionales.

Se trata de la primera regulación de este tipo en el mundo que contempla pagos electrónicos, financiamiento colectivo, activos virtuales (como el bitcóin) y asesoría financiera electrónica.

Con la publicación de estas disposiciones empieza un proceso para que las empresas que quieran operar en este rubro soliciten su inclusión a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El órgano regulador ha identificado a 73 empresas que podrían solicitar información para operar bajo la Ley Fintech, según explicó a medios locales el titular de la CNBV, Bernardo González.

Según datos oficiales, de las más de 2.000 empresas FinTech que hay en el mundo, México cuenta hoy con 238, de las cuales 76 están dedicadas al financiamiento colectivo o “crowdfunding”.

El 69 % de las firmas tienen menos de tres años, tienen 540.000 usuarios activos, 400 empleados, activos por alrededor de 400 millones de pesos (20,6 millones de dólares) y ha realizado transacciones por más de 17.400 millones de pesos (unos 900 millones de dólares).

La Ley FinTech dedica un capítulo a sanciones y delitos, y un ejemplo es el de la suplantación de identidad, que con esta normativa ya se considera un delito a nivel federal.