Hasta 10 millones de dólares es capaz de pagar Estados Unidos por obtener información personal y ubicación de hackers extranjeros que trabajen para gobiernos internacionales, con intenciones de atacar la infraestructura crítica del país.

En los últimos meses piratas informáticos han estado atacando las infraestructuras que operan en EEUU como la Autoridad Metropolitana del Transporte de Nueva York, el sistema de tránsito más grande de Norteamérica; Colonial Pipeline, la mayor red de oleoductos y la filial de la productora de carne brasileña JBS.

Los responsables de estos ataques fueron los grupos rusos REvil (JBS) y Darkside (Colonial Pipeline). Este miércoles se conoció que REvil desapareció de la ‘deep web’ y hasta los momentos nadie qué sucedió

JBS es el mayor productor de carne del mundo

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El Departamento de Estado aseguró este jueves en un comunicado haber establecido un canal de informes de sugerencias en la Dark Web (basado en Tor) para proteger la seguridad de las fuentes potenciales”, y advirtió que “ciertas operaciones cibernéticas maliciosas dirigidas a la infraestructura crítica de EE.UU. pueden violar la Ley de Fraude y Abuso de Computadoras.

A raíz de los ataques informáticos, a finales de mayo EEUU emitió una directiva a operadores y propietarios de oleoductos para evitar que se repita un hackeo como el del pasado 7 de mayo a Colonial Pipeline, que provocó una escasez de combustible en varios estados del país. De no cumplirse, los propietarios y operadores de oleoductos, líquidos peligrosos, gasoductos o instalaciones de gas natural, podrían enfrentar sanciones económicas de hasta 7.000 dólares por día.